Una mirada garantista sobre prueba penal producida de oficio por el magistrado frente al proceso penal constitucional

Resumen

Los contextos históricos muy diversos en los cuales el Código de Proceso Penal de 1941 la Constitución Federal de 1988 están inseridos permiten inferir de inmediato el evidente descompaso entre los principales discursos legislativos pertinentes al ius puniendi en Brasil. El objetivo del presente estudio es analizar las limitaciones constitucionales de la prueba penal producida de oficio por el juzgador con fundamento en la construcción teórica del denominado proceso penal constitucional. El método utilizado es el inductivo, la técnica de investigación es la revisión bibliográfica. Se concluye el art. 5º, de la Constitución en vigencia, que trata de los derechos y garantías fundamentales del individuo, deberían frenar la actuación del magistrado en duplicar y doblar las funciones del órgano acusador en búsqueda de pruebas que eviten la absolución de los acusados en las fases de la persecutio criminis. Así, la prueba recolectada con violación de los límites ético-jurídicos, especialmente contrarios a los principios del debido proceso legal y la amplia defensa, merecen ser entendidas como obtenidas por medio ilícito, y, por eso, deben ser inutilizadas en el proceso penal.